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Observatorio

astl.tv

Que la Cruz Roja Internacional lleve víveres a San Juan Copala

Enviado el Friday, 11 June a las 02:37:54
Tópico: Derechos de los pueblos originarios

* Propuesta del sacerdote Romualdo Wilfredo Mayrén Peláez.
* El municipio oaxaqueño está en situación de guerra.
* Además hay desaparecidos, muertos y agresiones.
* Preparan nueva caravana humanitaria integrada por mujeres
* Amnistía Internacional condena las acciones violentas.


Redacción / IK BALAM
San Juan Copala, Oaxaca


El hecho de que el grupo “paramilitar priísta” Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) haya impedido el arribo de la caravana humanitaria Bety Cariño y Jyry Jaakkola al municipio autónomo de San Juan Copala no implica que se desista de la misión ni que las 30 toneladas de víveres no sean entregadas a los habitantes de esa localidad, señaló el sacerdote Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Oaxaca.


El clérigo, conocido como Padre Uvi, informó que debido a la difícil situación en que se encuentran 700 personas del municipio –la Ubisort las tiene cercadas desde hace casi siete meses, les quitó la luz y el agua y les impide salir por alimentos–, contactarán a la Cruz Roja Internacional para que entregue los productos recolectados en el Distrito Federal y en templos de la arquidiócesis de Oaxaca.


 “Recurriremos a la Cruz Roja Internacional porque lo que se vive en San Juan Copala es una guerra; hay desaparecidos, muertos y agresiones”, expuso Mayrén Peláez, quien también es apoderado legal de la arquidiócesis oaxaqueña, encabezada el arzobispo José Luis Chávez Botello.


Junto con Marcos Albino Ortíz, representante en el DF del municipio autónomo de San Juan Copala y coordinador de la citada caravana, anunció que la perspectiva es organizar una nueva visita a la localidad, la cual estaría integrada sólo por mujeres.


Aunque reconocieron que nada garantiza que el grupo paramilitar respete a un contingente femenino, consideran que tal vez podría haber más posibilidades de cruzar el cerco.


En un recuento de lo ocurrido el pasado martes 8 de junio pasado, cuando medio centenar de integrantes de la Ubisort impidió el paso de la caravana, estando a diez kilómetros del municipio autónomo, indicaron que estas situaciones sólo pasan en México y en Oaxaca, donde no hay gobierno, donde Ulises Ruiz encabeza una administración que tiene poder, pero no autoridad.


Criticaron que los policías no hicieron nada, sólo recomendar a los integrantes de la caravana desistir. “Esto nos deja claro que en Oaxaca no hay garantía de libre tránsito ni de seguridad, ¿cómo puede ser que 500 policías teman a un grupo de 50 criminales?”, preguntaron.


Mayrén llamó a la sociedad a denunciar estas situaciones y a no caer en la apatía, porque “la indiferencia también es violencia, y como decía Mahatma Gandhi, lo atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”.


Albino Ortiz y Mayrén señalaron que mucho del interés por desestabilizar el municipio y en general a la región triqui es por las grandes riquezas naturales que alberga el territorio, como sus maderas y agua, pero también comentaron que se dice que hay yacimientos de uranio.


 En torno a las elecciones del 4 de julio, Mayrén dijo: “Oaxaca necesita un proyecto de cambio”, por lo que demandó que se esclarezcan los recientes asesinatos del líder triqui Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro, entre otros.


 Por su parte, Amnistía Internacional (AI), legisladores y partidos políticos condenaron el clima de violencia que mantienen grupos armados en San Juan Copala, e hicieron un llamado a las autoridades para que se permita y garantice el libre paso de la caravana humanitaria Bety Cariño y Jyry Jaakkola al municipio autónomo.


Los grupos parlamentarios del PRD en la Comisión Permanente del Congreso demandaron al gobierno federal la desaparición de poderes en San Juan Copala, municipio que –acusaron– es controlado “por un grupo paramilitar solapado por el gobierno de Oaxaca”.


Diputados que participaron en la caravana a Copala expresaron que no pudieron llegar a la comunidad porque el gobernador Ulises Ruiz Ortiz no garantizó la seguridad de los participantes.


“No lo hizo –dijo Agustín Guerrero– porque avala el estado de sitio en que se encuentra la población triqui”.


Refirió que los integrantes de la caravana decidieron corroborar, con una persona que portaba un chaleco antibalas, que en el retén instalado por el grupo paramilitar –a 10 kilómetros de Copala– efectivamente había hombres armados que se parapetaron detrás de mujeres y niños. “En el momento en que la comisión se acercó hicieron disparos al aire”, dijo Guerrero.


PRD y PT reprobaron la situación que tiene lugar en aquella entidad, luego de que la caravana de legisladores federales que pretendía ingresar a San Juan Copala no pudo entrar.


Jesús Zambrano, vicecoordinador de la bancada del PRD, manifestó que es lamentable que ante los ojos de todo el mundo se esté reconociendo que “allí impera la ley de un grupo que, a estas alturas, ya puede ser catalogado como de delincuencia organizada, y que tiene reconocimiento formal, donde el propio Estado mexicano admite que no pueden entrar ni el gobierno federal ni el local”.


Amnistía Internacional llamó a las autoridades y a los grupos armados ilegales a que garanticen el acceso seguro del segundo convoy humanitario que busca llegar a las comunidades indígenas bloqueadas en la región triqui.


Sostuvo que la segunda caravana lleva artículos humanitarios destinados a las 700 personas que viven en estado de sitio en San Juan Copala, donde grupos armados los tienen atrapados y les restringen los alimentos el agua y la electricidad, y han asesinado a quienes han intentado romper ese cerco.


El gobierno estatal tendió un “cerco” para proteger a la priísta Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) e impedir el ingreso de la caravana de solidaridad Bety Cariño y Jyri Jaakkola a San Juan Copala en Huajuapan de León Jorge Albino Ortiz, portavoz del municipio autónomo.


“El cerco ahora tiene la presencia abierta y pública de policías estatales, quienes en vez de garantizar la seguridad de esta misión y el libre tránsito, decidieron proteger a los asesinos porque supuestamente no había condiciones”, asentó.


 Albino Ortiz denunció que el “grupo paramilitar” de la Ubisort tiroteó desde el antiguo cuartel militar el palacio municipal de San Juan Copala, durante el trayecto y después del regreso de la caravana de solidaridad.


“Se regodeaban por haber tenido el apoyo del gobierno para que no pasara la caravana de solidaridad y no se entregaran los víveres y medicinas”, señaló.


 El portavoz sostuvo que la administración estatal protege a la Ubisort y a su grupo paramilitar para desaparecer el proyecto autonómico, porque tiene una amplia base social en San Juan Copala.


El gobierno y la unión –añadió– “manejan en el discurso que no existe el municipio autónomo, pero como saben que nuestra presencia es grande, taparon la carretera y evitaron que llegáramos”.


Sostuvo que lo sucedido demuestra la incapacidad y falta de voluntad tanto del gobierno estatal como del federal “para controlar y castigar a este grupo criminal, porque no les interesa la vida de cientos de triquis, ni detienen ni castigan a los asesinos, y ahora hasta los protegen con un cerco policíaco”, insistió.


Expuso que algunos participantes de la caravana “se han de sentir decepcionados o enojados” por la decisión de que no ingresaran a San Juan Copala, “pero ese coraje nos alimenta para seguir adelante y romper el cerco militar.


“No tuvimos una derrota; sólo decidimos no exponer más vidas a manos de esos asesinos impunes; esperamos que respeten la decisión, por dolorosa o extraña que parezca”, apuntó.


En su artículo editorial del 10 de junio pasado, titulado “Copala: violencia y vacío de poder”, el periódico La Jornada de la ciudad de México refirió:


“El pasado martes 8 de junio la organización paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) impidió el paso a una caravana encabezada por activistas y legisladores federales que transportaba ayuda humanitaria a San Juan Copala, localidad cercada por esa organización armada.


“Como ocurrió el pasado 27 de abril, cuando un primer contingente humanitario fue atacado por la Ubisort en esa misma región, con un saldo de dos muertos –la activista Beatriz Cariño y el observador finlandés Jyri Antero Jaakkola–, el gobierno encabezado por Ulises Ruiz se deslindó de los hechos y, sin aludir al cerco paramilitar que mantiene aislado a San Juan Copala desde noviembre del año pasado, sostuvo que la problemática referida se debe principalmente a un conflicto por límites” y a las pugnas internas del pueblo triqui.


 “Los deslindes expresados por el titular del Ejecutivo estatal, en conjunto con la abierta impunidad con que operan los poderes fácticos en la región triqui, siembran una inevitable percepción de vacío de poder en Oaxaca o, peor, un ejercicio del poder público en manifiesta alianza con formaciones ilegales y delictivas.


“En cualquiera de los casos, el estado de derecho resulta inexistente. Así lo muestra, entre otros elementos, la solicitud formulada por la procuradora estatal de justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas, de que se “tenía que hablar con Ubisort e invitarlos a la caravana” para garantizar el paso hacia San Juan Copala, según denunciaron los voceros del municipio autónomo en un comunicado.


“Ante la manifiesta falta de capacidad o de voluntad de las autoridades estatales para dar solución a un conflicto que ha crecido en explosividad y se ha vuelto visible a escala internacional, resulta desolador que el gobierno federal se sustraiga de los llamados de diversos sectores de la sociedad y la clase política a involucrarse en el asunto, y que, a pesar de los elementos que han aportado organismos humanitarios nacionales e internacionales sobre la operación de grupos paramilitares en Oaxaca, se muestre empeñado en suscribir la versión del gobierno de Ulises Ruiz.


“Así lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores tras el ataque del pasado 27 de abril, ante las críticas formuladas por relatores de la Organización de las Naciones Unidas por el deterioro de los derechos humanos en San Juan Copala, en tanto que el embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, llamó a “poner en contexto la situación en Copala para enterarnos de lo que pasó”, y sostuvo que la violencia en la región se debe a que “tres grupos están enfrentados desde hace tiempo” .


“En la circunstancia presente, el conflicto en Copala exige la intervención federal, y por diversas razones: porque es imperativo detener el castigo inhumano e inaceptable impuesto a los integrantes de ese municipio autónomo durante meses, privados de alimentos y servicios de salud; porque la Ubisort opera, según la información disponible, como delincuencia organizada, y también porque la situación en el sitio es un indicador de la catástrofe que recorre al país en materia de seguridad pública y legalidad, en la que confluyen las actividades delictivas de los grupos vinculados al narcotráfico con las acciones de organizaciones de corte paramilitar.


“En la medida en que el gobierno federal no sea capaz de restablecer el estado de derecho en esa región, difícilmente podrá hacerlo en el resto del país, y los constantes llamados del calderonismo a procurar el respeto a las leyes y a sancionar a quienes las quebrantan, serán vistos por la opinión pública nacional e internacional como un mero gesto discursivo y un ejercicio de incongruencia”.


 
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