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Observatorio

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Las auditorías ambientales en el estado de México

Enviado el Tuesday, 12 October a las 00:00:00
Tópico: Colaboraciones

* En 2008 se anunciaron para diez de 33 municipios cruzados por el Lerma.
* El propósito es conocer los contaminantes de cada uno de ellos al río.
* Hay que evitar la tala forestal y ordenar crecimiento urbano.


Iván Restrepo / La Jornada / IK BALAM
Ciudad de México



En septiembre de 2008, el gobierno del estado de México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunciaron el inicio de una serie de auditorías ambientales en diez de los 33 municipios de esa entidad por donde cruza el río Lerma.


El propósito: conocer el aporte de contaminantes de cada uno de ellos al río que desde hace medio siglo sufre un enorme deterioro. Además, elaborar un plan de recuperación. Dos empresas, IA y Zeta Ingeniería Ambiental, fueron elegidas para desarrollar dicho trabajo en los municipios de Tianguistenco, Almoloya del Río, Xalatlaco, Joquicingo, Santa Cruz Atizapán, Rayón, Tenango del Valle, San Antonio y Texcalyacac.


Las aguas contaminadas provienen fundamentalmente de viviendas, rastros, industrias y servicios de todo tipo y tamaño.


Cabe señalar que en las últimas dos décadas se anunciaron programas “integrales” para devolver al Lerma (que atraviesa los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán) su calidad ambiental.


Ninguno se cumplió, como tampoco son eficientes las más de diez plantas de tratamiento ubicadas a lo largo del río. Por eso es uno de los más contaminados del país.


Sería bueno saber el resultado de las auditorías ambientales mencionadas (debieron concluir el año pasado) y qué medidas han tomado las autoridades del estado de México y la Profepa para resolver el problema de la contaminación del Lerma en los citados municipios y en el resto de su cuenca.


También hace dos años, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, anunció un impuesto ambiental de cinco por ciento sobre la tarifa bimestral del servicio de agua, destinado a revertir la pérdida de una hectárea diaria de suelo de conservación, lo que disminuye la superficie de recarga del acuífero.


Igualmente, diversas medidas para obligar a los 600 mil contribuyentes (una tercera parte del padrón de usuarios de la ciudad) que no pagan por el agua que reciben, así como regularizar las tomas clandestinas.


El número de estas últimas lo desconoce la autoridad, pero son, según Aguirre, “como las chicas malas: de que las hay, las hay”. Sería bueno saber el monto recaudado con el nuevo impuesto ambiental y dónde se invierte, pues la ciudad se sigue expandiendo sobre su área de conservación, aunque no con la intensidad de antes.


El agua convertida en problema también preocupa en Chiapas, cuya Constitución política es, aseguran los gobernantes de esa entidad, “la primera en el mundo en incluir la obligación de cumplir los objetivos de desarrollo del milenio”.


Destacadamente la pobreza. Por ser pobres, y además indígenas, los chiapanecos se encuentran en el último sitio en cuanto a la política oficial de prevenir los desastres.


Esto nos dice Emanuel Gómez, del doctorado en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Refiere el también activista de la campaña Sin maíz no hay país, el caso del poblado tzotzil de Navenchauc (municipio de Zinacantán), cuyos 5 mil habitantes padecen los efectos del desbordamiento de la laguna que allí existe.


El problema se agravó los últimos años y no sólo por el agua que traen las lluvias, sino porque la basura obstruye la salida natural de la laguna. La basura proviene fundamentalmente de los sembradíos de flores, una nueva actividad económica en el poblado. Plástico, empaques de agroquímicos y refrescos se tiran a cielo abierto y, como no hay servicio de recolección de desechos, terminan en la salida de la laguna, que hace dos años se desbordó y afectó 40 viviendas.


Este año son cien. Los pobladores de Navenchauc se han unido para exigir el fin del problema. Algo simple: restaurar el desfogue natural de la laguna y garantizar que la basura se deposite correctamente.


La falta de atención a asuntos de fácil solución por parte de las autoridades es la constante cada temporada de lluvia en muchos otros lugares de Chiapas y Oaxaca, por ejemplo. Es cuando se comprueba el daño que causa la deforestación de las partes altas en esas dos entidades.


Los funcionarios prometen remediar ese daño, pero no comienzan por donde se debe: evitando la tala, ordenando el crecimiento urbano y reforestando. Todo con el apoyo de la gente.


 
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